En la madrugada del 16 de noviembre de 1989 un comando militar entró en la Universidad José Simeón Cañas y asesinó a seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y la hija de esta. Un cuarto de siglo después, los principales responsables de la masacre siguen libres y la alta cota de influencia política que conserva el Ejército impide que se les juzgue en El Salvador.

Cables Diplomáticos


 

Durante el gobierno de Bill Clinton, Estados Unidos desclasificó alrededor de 1,200 folios en documentos que contenían intercambios de información entre la embajada de Estados Unidos en El Salvador y el Departamento de Estado acerca de los acontecimientos de la guerra civil salvadoreña. Después del 16 de noviembre de 1989, el asesinato de los jesuitas se volvió un tema prioritario para el gobierno estadounidense, hasta el punto de exigir al gobierno de Alfredo Cristiani encontrar a los culpables del crimen bajo amenaza de suspender si no la ayuda militar que Estados Unidos daba a El Salvador desde 1980.

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    Cable 1
    En un cable fechado en noviembre de 1989, William Walker, embajador de Estados Unidos en El Salvador, le compartió al entonces secretario del Departamento de Estado, James Baker, sus sospechas de que Roberto d’Abuisson pudiera estar involucrado en el asesinato de los jesuitas. Walker también le dijo a Baker que pidió al presidente Cristiani encontrar a los responsables del asesinato de Ellacuría o, de lo contrario, Estados Unidos suspendería la ayuda militar a El Salvador.
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    Cable 2
    La embajada estadounidense en San Salvador, en un cable de agosto de 1990 enviado a Bernie Aronson, subsecretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, informaba sobre las acciones que el gobierno de El Salvador debía realizar en torno al caso jesuitas si no querían perder la ayuda militar de Estados Unidos. Sugería, en primer lugar, que los oficiales que estuvieron en la reunión del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada la noche del 15 de noviembre rindieran declaración jurada ante el juez del caso, Ricardo Zamora. También sugería a la Fuerza Armada localizar los libros de registros de las entradas y salidas del Estado Mayor Conjunto.
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    Cable 3
    William Walker, en un cable de octubre de 1990, informaba al Departamento de Estado de una reunión sostenida con el presidente Cristiani en la que le notificó que el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush padre, posiblemente sería requerido por el congreso para avalar o no los avances de la investigación del caso jesuitas.
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    Cable 4
    La embajada estadounidense, en octubre de 1990, envió una sinopsis del desarrollo del caso jesuitas en El Salvador. En ella, la embajada destacaba el lento avance de la investigación: “El juez (Ricardo Zamora) no ha obtenido la evidencia esencial y tampoco ha ordenado a la CIHD que investigue el posible involucramiento de altos oficiales de la Fuerza Armada”.
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    Cable 5
    En octubre de 1990 el embajador Walker informó al secretario de Estado Baker sobre una visita que el presidente Cristiani y el Alto Mando de la Fuerza Armada realizaron el 20 de agosto de 1990 al juez Ricardo Zamora. Según Walker, tanto Cristiani como el Alto Mando de la Fuerza Armada le manifestaron a Zamora toda su disposición para colaborar en la investigación del caso jesuitas.
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    Cable 7
    El embajador estadounidense William Walker informó al Departamento de Estado que el juez Zamora no aceptó el testimonio del mayor estadounidense Erick Buckland, quien tuvo conocimiento del asesinato de los jesuitas antes de que sucediera. Zamora rechazó interrogar a Buckland por considerar que se había cerrado el plazo para aportar nuevas pruebas antes de iniciar las vistas públicas. Sidney Blanco y Henry Campos: Recopilación de cables de la embajada norteamericana que informaban al Departamento de Estado sobre la situación de seguridad de los fiscales Henry Campos y Sidney Blanco.