En la madrugada del 16 de noviembre de 1989 un comando militar entró en la Universidad José Simeón Cañas y asesinó a seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y la hija de esta. Un cuarto de siglo después, los principales responsables de la masacre siguen libres y la alta cota de influencia política que conserva el Ejército impide que se les juzgue en El Salvador.

El juicio vivo


 

En el año 2008, el Center for Justice and Accountability (CJA) interpuso una querella criminal en contra del expresidente Alfredo Cristiani y catorce militares retirados por su participación intelectual en el asesinato de los jesuitas y de Julia Elba y Celina Ramos. En 2009, la Audiencia Nacional Española procesó a los catorce militares, pero condicionó la posibilidad de ligar a juicio a Cristiani a la posibilidad de que se encontrasen nuevas pruebas en su contra. Desde entonces, como antes en El Salvador, el caso jesuitas ha enfrentado trabas en los tribunales españoles, aunque se mantiene abierto. El Salvador se ha negado a extraditar a España a los acusados para que sean juzgados, pero uno de ellos, Inocente Montado, está en una cárcel estadounidense condenado por delitos migratorios, y puede terminar siendo enviado a España. De esa posible extradición, que debería producirse antes de abril de 2005, depende que haya o no un nuevo juicio por la matanza de la UCA.